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¿QUÉ DECIDIMOS EL 27S?

20 Setembre 2015

Joan Coscubiela

Algunos pretenden imponer la idea que el 27S sólo se decide una sola cosa y con sólo dos posibles respuestas. #CatalunyaSíQueEsPot intentaremos debatir y hacer propuestas sobre todo aquello que los ciudadanos decidirán con su voto el 27S. O dicho de otra manera, sobre todo aquello que el Parlamento y el gobierno que salga del 27S harán en nombre de la ciudadanía y con sus votos.

Aunque se quiera esconder, a partir del 28S y durante los próximos años el Parlamento y el gobierno que salga de las elecciones catalanas tendrá que tomar decisiones importantes para la vida de las personas. Y la ciudadanía tiene derecho a saber cuáles serán y qué propone cada uno.

Es una grave anormalidad democrática que en unas elecciones se pretenda vetar el debate sobre la gestión del gobierno anterior, especialmente cuando una de las candidaturas tiene como objetivo dar continuidad al presidente Mas. Y todavía es mucho más grave evitar el debate sobre las políticas de futuro, con el argumento que el 27S sólo se decide un SÍ o un NO sobre una sola cosa.

Evitar esta amputación democrática será difícil, porque son muchas las candidaturas interesadas en este escenario dualista. Junts pel Sí, el PP y Ciutadans comparten la misma agenda. Y comparten también el interés en anular la agenda social y de paso esconder que comparten políticas en temas tan importantes como la Reforma Laboral, la Ley de estabilidad presupuestaria, la política fiscal o energética, la privatización sanitaria.

La primera cosa que se decidirá el 27S es como dar continuidad a la exigencia del derecho a decidir. Hay quien defiende que es un derecho inexistente o que sólo se puede ejercer en el conjunto del Estado español. Entre los que representamos el 80% de ciudadanos catalanes que defendemos el derecho a decidir aparecen dos opciones muy diferenciadas.

En “Catalunya Sí que es Pot” consideramos que se adelanta más, con más fuerza y sobre bases más sólidas situando, en primer lugar, aquello que nos une a más gente: la celebración de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. Y negamos que esta sea una propuesta débil, como algunos pretenden. La historia de Cataluña demuestra que sólo hemos avanzado cuando hemos sumado el máximo de gente, con el máximo de coincidencias posibles, durante el máximo de trayecto compartido posible.

No podemos dar por amortizado el referéndum que el Estado español nos impide hacer y sustituirlo por unas elecciones supuestamente plebiscitarias que no cuentan con el acuerdo de cómo se tienen que leer ni entre las propias fuerzas que le dan este carácter plebiscitario. Para hacer avanzar nuestro derecho democrático a decidir es muy importante la máxima unidad a Cataluña y que la decisión sea nítida, para poder obtener el reconocimiento europeo e internacional. Y eso no se conseguirá con un referéndum placebo que puede acabar siendo una fuga hacia adelante, como todas las que ha liderado el presidente Mas desde que hace 3 años decidió anticipar las elecciones para conseguir la mayoría absoluta y en el camino perdió a 12 diputados.

El 27S se decide también cuáles serán las prioridades del Parlamento y del gobierno que salga de las urnas. Para algunos lo más importante es primero tener casa propia y después ya decidiremos la decoración, en palabras del dirigente de CDC Josep Rull. Esta prioridad es legítima y puede servir para aquellas personas que tienen su vida garantizada, pero no para los que llevan años viviendo en situación de emergencia social.

Para “Catalunya Sí que es Pot” la prioridad a partir del 28S es que el Parlamento apruebe un Plan de rescate social para atender las necesidades de vivienda, alimentación y derechos básicos de un amplio sector de la ciudadanía a los que la crisis ha dejado en la pobreza, en ocasiones extrema. Creemos que es lo primero que tendría que debatir el Parlamento, sean cuáles sean los resultados del 27S.

Obviamente para un Plan de rescate social hacen falta recursos y, en consecuencia, el 27S también se decidirá sobre este aspecto. Con la lógica de algunos, tenemos que esperar a disponer de la independencia para encarar estos retos. En cambio, a “Catalunya Sí que es Pot” creemos que, a pesar de los problemas de financiación, hay que hacerlo ya.

Y aquí entra el debate de cómo financiar estas políticas sociales en un marco de ahogo presupuestario, de endeudamiento elevado de las finanzas de la Generalitat y de intervención por el gobierno español de los presupuestos del gobierno catalán –por cierto, una intervención hecha gracias a la Ley de estabilidad presupuestaria votada en el 2012 por CiU, tanto Unión como CDC-.

No será fácil, pero existen márgenes para hacerlo. Proponemos utilizar la capacidad de ahorro que supondría dejar de hacer campañas institucionales como la reciente de “Preparats”, o dejar de encargar estudios para la “desconexión” en consultorías y multinacionales, o revisar la política de conciertos educativos. Pueden parecer márgenes pequeños, pero sumados seguro que dan para aumentar el gasto de becas comedor, por ejemplo.

El otro margen es el que ofrece la mejora de la situación económica y de financiación para el 2016. Margen estrecho, pero que también suma recursos disponibles. Obviamente el gobierno que salga del 27S tendrá que decidir si participa o no en las negociaciones o acuerdos para un nuevo sistema de financiación autonómica, que está pendiente desde enero del 2014. Se diga lo que se diga en la campaña electoral, cualquier gobierno que salga del 27S tendrá que entrar en esta negociación.

Pero lo más importante a decidir el 27S en materia de recursos disponibles para hacer políticas sociales es la política fiscal que se propone, tanto esté en la Cataluña independiente como en la España autonómica, federal o confederal. Si con el modelo de Estado se discute qué parte del pastel fiscal toca a Cataluña, con la política fiscal se decide qué volumen tiene el pastel fiscal y qué grado de suficiencia, equidad y eficiencia tiene el sistema fiscal. Este es un debate con alternativas muy parecidas sea Cataluña, España o la UE el espacio de debate.

Hasta ahora, España tiene unos ingresos fiscales que no llegan al 38% del PIB, unos 8 puntos menos que la media europea y entre 12 y 17 puntos menos que los países fiscalmente más progresistas. En la práctica eso significa unos 80.000 M€ menos ingresos cada año, o sea unos 15.200 M€ menos para Cataluña. Este es el dato de espolio fiscal social que nunca sale en los debates.

Mejorar la capacidad fiscal es el gran reto de nuestro país y para hacerlo hace falta una fuerte ruptura con la política fiscal practicada indistintamente desde 1993 por PSOE y PP, siempre con el acuerdo, cuando no el impulso, de CiU. Ejemplos los tenemos con el tratamiento de las SICAV o con la reducción de los tipos reales del impuesto de sociedades o con la doble escalera de IRPF que penaliza las rentas del trabajo frente las rentas del capital.
Entrando en la concreción del Plan de rescate social, el 27S se vota si se crea o no una Renta Mínima Garantizada de Ciudadanía. Y también aquí las propuestas son muy diferentes. Los que formamos parte de “Catalunya Sí que es Pot” hemos presentado propuestas en el Parlament de Catalunya que han sido rechazadas por el gobierno catalán. También hemos presentado propuestas al Congreso de los Diputados para crear esta Renta Garantizada como prestación básica de la Seguridad Social.

El 27S también se decide si se mantiene una posición pasiva ante el drama de los desahucios y de la falta de vivienda de muchas familias, como ha hecho el gobierno Mas durante esta legislatura, o bien se ponen en marcha políticas para aprovechar las viviendas desocupadas del SAREB (banco malo) y los que están en poder de los bancos y se utilizan para crear un fondo público de viviendas gestionadas por la Generalitat, con una participación importante de los ayuntamientos.

El 27S la ciudadanía con su voto tendrá que decidir si se continúa con la política de privatización de la sanidad impuesta por el gobierno Mas o se produce un cambio que refuerce el carácter de derecho de ciudadanía de la salud y su cobertura y gestión pública.

En el terreno de la educación y ante la importante reducción demográfica de los próximos años, la ciudadanía decidirá el 27S si la reducción de alumnos se afronta con una reducción de los conciertos educativos con escuelas privadas y la desaparición de los conciertos con escuelas de élite que segregan al alumnado en razón de sexo o bien se apuesta para cargar el ajuste sobre las escuelas públicas. También si se avanza en la consideración de la etapa de 0-3 años como nivel educativo o se orienta hacia un tratamiento de recurso asistencial.

Con su voto la ciudadanía decidirá el 27S si se mantiene la política de privatización del agua en beneficio de grandes empresas o, como están haciendo muchos ayuntamientos, se mantiene la gestión pública o se revierte la gestión privada en beneficio de los municipios.

También habrá que decidir sobre el modelo económico y productivo de nuestro país. Y si se sigue apostando, como ha hecho el presidente Mas, por proyectos como el de BCN World o bien se impulsa un cambio de modelo productivo que dé apoyo a las Pymes para crecer y coger musculatura, especialmente en relación a la capacidad exportadora.

La lista de políticas responsabilidad del gobierno catalán sobre la que los ciudadanos decidirán con su voto es muy larga.

También hay decisiones sobre las que los ciudadanos decidirán el 27S que, a pesar de ser competencia hoy del Estado español o la Unión Europea, afectan y mucho las condiciones de vida de las personas.

Dos muy importantes, a título sólo de ejemplo: los ciudadanos tendrán que decidir si dan apoyo a la Reforma Laboral votada en el 2012 por PP y CIU o bien se plantea una alternativa de derogación de esta ley y su sustitución por medidas que ayuden a avanzar en el trabajo digno.

En los próximos meses, la UE tendrá que decidir si firma el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) sobre lo que CIU y el grupo liberal europeo del forma parte se han mostrado reiteradamente a favor. Este Tratado entre la UE y los EE.UU. puede suponer un paso más en la pérdida de soberanía de los estados, actuales o futuros, delante de los mercados financieros y las multinacionales. Con impactos importantes en los ámbitos de la alimentación, la salud pública, el medio ambiente o la protección del consumidor. Y que puede acabar teniendo un nuevo impacto negativo en las relaciones laborales por la vía de la desregulación. O avanzar en la privatización de la solución de conflictos comerciales entre las empresas transnacionales y los estados por la vía de la exigencia de sumisión de los estados a sistemas de arbitraje privado.

El 27S la ciudadanía decidirá sobre todo eso y muchas cosas más. Negarlo forma parte de la estrategia de los que quieren convertir estas elecciones en un acto de amnesia colectiva y reforzar sus posiciones políticas.

Que las personas en el momento de votar no tengan presente todo lo que se decide el 27S, además de suponer un debilitamiento democrático, puede acabar costando muy caro a la ciudadanía. Especialmente en aquellos sectores sociales que dependen de las políticas públicas para garantizar derechos básicos como la vivienda o la sanidad.

Mejor no olvidarlo en el momento votar el 27S.

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