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¿Quién paga las pensiones?

23 Juliol 2009

Joaquin Arriola *

Deia

LOS dirigentes del sistema financiero español vuelven a la carga poniendo encima de la mesa el enésimo debate sobre la viabilidad del sistema público de pensiones. Teniendo en cuenta que los sistemas de pensiones privados que gestiona la banca han dado como resultado una rentabilidad media anual negativa del -1,81% en los últimos tres años y del -6,37% en el último año (marzo a marzo), parecería más lógico que se preocuparan por garantizar la supervivencia de un negocio en el que cada vez aparecen más dudas sobre su función social pues, aunque la rentabilidad para el comisionista siempre sea positiva, no parece que el beneficio de los banqueros debiera ser un criterio fundamental en la política de pensiones.

Al parecer, la estrategia elegida por los gestores del sistema privado es indirecta: recuperar la confianza de los inversores en fondos de pensiones privados socavando la confianza que pudieran tener los trabajadores en el sistema público. Los mismos agoreros que pronostican ahora la inviabilidad del sistema para el año 2020, en una invitación implícita a los trabajadores de hoy para que vayan corriendo a suscribir un plan privado de vejez-jubilación, ya anunciaron que el sistema colapsaría en 1996, 1998, 2000 y 2005. Tras tantos pronósticos equivocados, podrían buscar otros adivinos más certeros, pero con una lealtad digna de mejor causa los poderes financieros siguen contando con los mismos intelectuales orgánicos para repetir la misma historia, y los Herces, Bareas, Taguas y el resto del coro siguen una y otra vez con el mismo libreto.

Todos los análisis que se nos presentan en la serie SS en peligro son incompletos, además de por razones internas (por ejemplo, aplicar instrumentos de análisis actuarial a un sistema de ingresos y transferencias de tipo fiscal como es cotizaciones y pensiones es absurdo, salvo en situaciones de caos económico, siempre se puede incrementar los ingresos mediante una decisión política), porque nunca presentan el asunto en el contexto general del modelo de sociedad que tenemos. En particular, los términos del debate están incompletos si al hablar de las pensiones no se hace referencia a variables que en los últimos quince años han experimentado un cambio radical de modelo, como los salarios, y en el caso concreto de este país, la inversión en vivienda.

Consideremos la alteración en las expectativas que ha experimentado la población trabajadora en relación con la vivienda. En el modelo anterior, casi todos podían prever su futuro post-laboral con una vivienda en propiedad completamente pagada y una pensión que, siendo muy inferior a sus rentas del trabajo, permitía sin embargo llevar a cabo una vida decente, relativamente cómoda, pues a la pensión se le añade la renta implícita procedente de un alojamiento propio que ya no hay que pagar. En este modelo, sólo la población anciana sin una vida laboral completa tendría verdaderos problemas. Y, de hecho, las bolsas de pobreza se concentraban hace unos años en este segmento de población.

Pero en los años 90 este modelo de gestión de la vejez ha saltado por los aires y ese verdadero colchón económico que era la inversión en vivienda ya no cumple la función a la que se había acostumbrado la población. El aumento especulativo de los precios ha dado lugar a que las nuevas generaciones de trabajadores se encuentren, en el mejor de los casos, entrampados de por vida con el pago de un bien de primera necesidad que no van a dejar de pagar ni siquiera cuando se jubilen, y, en el peor de los casos, condenados a destinar una parte sustancial de su ingreso a pagar un alquiler, que también tendrán que pagar cuando se jubilen… salvo que se vayan a vivir debajo de un puente si es que encuentran sitio. Hoy, gran parte de los nuevos pobres son jóvenes.

En este nuevo contexto, la diferencia entre el ingreso actual del trabajo (el salario) y el ingreso futuro del post-trabajo (la pensión) no podrá ser tan profunda como ahora, salvo que se acepte socialmente ir a un modelo que incluya un empobrecimiento general de la población jubilada. O dicho de otra forma: en ausencia de un servicio público de viviendas, la desaparición de la función protectora de la vejez de la inversión de los trabajadores en vivienda exige que las pensiones crezcan en un futuro próximo, es decir, dentro de cuatro o cinco legislaturas.

Las pensiones tampoco son ajenas a los salarios, ya que las pensiones de hoy las financian los trabajadores de hoy, y las pensiones de mañana, quienes mañana estén trabajando. Y en esta relación, la gran transformación a la que estamos asistiendo no es la evolución de la demografía, como plantean casi todos los estudios encargados por los agentes que quieren expandir el mercado de pensiones privadas. Como nadie ha podido argumentar que exista un límite fijo a la capacidad de absorción de inmigrantes en este país, todos los cálculos de ingreso-gasto proyectados sobre la estructura demográfica de hoy son por definición una apuesta con grandes posibilidades de fallar.

Pero lo que sí está influyendo ya en la financiación del sistema es la distribución primaria de la renta. En casi todos los países desarrollados se constata una tendencia a largo plazo a la pérdida de peso de los salarios en el valor añadido. En la economía española, los trabajadores asalariados han perdido el equivalente al 13% del PIB en participación en el valor añadido respecto a lo que obtenían en 1980, porcentaje que representa actualmente unos 130 mil millones de euros al año. Ése es el valor del aumento de la participación de las rentas del capital en el valor añadido.

Como las pensiones se sufragan con las cotizaciones que pagan los trabajadores (procedentes tanto de su salario directo como del indirecto que liquidan directamente las empresas), la pérdida de peso de los salarios en el PIB conduce a una reducción del ingreso por cotizaciones por cada euro de renta generado. Como los salarios relativos son cada vez menores en relación con la riqueza total creada, la aportación unitaria por cotizaciones sociales para pagar pensiones y otros beneficios sociales asociados al trabajo crecen menos que el total de la riqueza social que genera con su trabajo cada asalariado.

Ésta es la razón última por la cual, desde los sectores favorecidos por el actual modelo de reparto del ingreso, se reclama una prolongación de la edad laboral y un endurecimiento temporal del derecho a disfrutar de una pensión pública plena; se trata de que cada trabajador cotice más tiempo, para que se pueda profundizar la tendencia a la distribución del valor añadido vigente en las últimas décadas. Podrá haber buenas razones para prolongar la edad laboral más allá de los 65 años, pero no es aceptable que se plantee como condición para el disfrute de una pensión suficiente para llegar una buena vida cuando se llega a la edad de jubilación.

* Profesor de Economía Política de la UPV/EHU

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